Un juicio rápido es un procedimiento penal diseñado para resolver ciertos delitos de forma ágil, reduciendo los plazos y evitando que el proceso se alargue innecesariamente. Se utiliza principalmente cuando el delito es flagrante, es decir, cuando la persona es detenida en el momento de cometerlo o poco después, y cuando la investigación es sencilla y no requiere pruebas complejas.
El juicio rápido suele aplicarse en casos de violencia de género o doméstica, hurtos, robos, delitos contra la seguridad vial (como conducir bajo los efectos del alcohol o sin permiso), lesiones leves, amenazas, y otros delitos cuya pena no supere los cinco años de prisión o diez años de multa. Este procedimiento está regulado en los artículos 795 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Una de las principales ventajas del juicio rápido es la rapidez: puede celebrarse en un plazo de tan solo unos días desde la detención o denuncia. En muchos casos, si el acusado reconoce los hechos y llega a un acuerdo con la Fiscalía, la pena puede reducirse hasta un tercio, lo que lo convierte en un proceso beneficioso para ambas partes. Sin embargo, es importante recordar que, a pesar de su rapidez, no deja de ser un procedimiento penal que puede tener consecuencias graves.
Para que se pueda llevar a cabo un juicio rápido, deben cumplirse ciertos requisitos: que el delito sea de enjuiciamiento inmediato, que existan pruebas claras desde el principio, y que no sea necesaria una instrucción compleja. Además, el detenido debe pasar a disposición judicial en un máximo de 72 horas.
En cualquier caso, contar con un abogado especializado desde el primer momento es fundamental. En Casmar Abogados ofrecemos defensa penal inmediata para proteger tus derechos y garantizar que el procedimiento se desarrolle con todas las garantías legales. Si te enfrentas a un juicio rápido, contacta con nosotros cuanto antes para que podamos ayudarte.